El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto de 2025, a los 39 años, tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos luego del atentado a bala que sufrió el 7 de junio durante un acto en Bogotá. La noticia fue confirmada por su familia y detonó una ola de reacciones de rechazo a la violencia dentro y fuera del país.
Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991—, construyó una carrera pública como concejal y secretario de Gobierno de Bogotá, candidato a la alcaldía capitalina y, desde 2022, senador de la República. Su aspiración presidencial para 2026 lo perfilaba como una de las principales figuras del centroderecha.
Su esposa, María Claudia Tarazona, lo recordó como “un hombre que vivía para servir, que amaba profundamente a sus cuatro hijos y que no dejó que la política le robara la ternura”. Su familia agradeció las muestras de solidaridad y pidió respeto en este momento de duelo.
Desde la Presidencia, Gustavo Petro lamentó la muerte y exhortó a “proteger la vida por encima de cualquier diferencia ideológica”.
Expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos coincidieron, pese a sus diferencias, en calificarlo como una pérdida irreparable y en exigir “unidad contra la violencia política”.
Gobiernos de Estados Unidos, España y varios países de América Latina expresaron solidaridad con la familia y urgieron a Colombia a reforzar la seguridad elector
El magnicidio plantea profundas implicaciones: agrava la polarización política, evidencia la vulnerabilidad de adolescentes reclutados por el crimen y proyecta al mundo la persistencia de la violencia contra líderes en Colombia. Autoridades han prometido resultados rápidos en la investigación para esclarecer a los autores materiales e intelectuales.
El legado: Uribe deja la imagen de un político firme pero conciliador, que abogó por seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional y diálogo entre sectores opuestos. Su muerte abre un debate urgente sobre la protección a dirigentes y la reconciliación nacional.
En palabras de un colega cercano, “Miguel deja una vara alta: creer en una política donde el adversario no es enemigo, donde el debate no excluye la humanidad”.
El desafío ahora no es solo esclarecer su asesinato, sino garantizar que su visión de país —incluyente, seguro y reconciliado— no muera con él.