El Covid 19 ha dejado al descubierto lo que todos conocíamos pero que no queríamos o nos negábamos a ver: las terribles falencias de nuestra sociedad en materia de igualdad, justicia y equidad, que no obstante ser derechos constitucionales y pilares en los que se estructura la democracia, solo se respetan a la brava en nuestro país, por orden de autoridad judicial.
Todos somos responsables de estas falencias. Los electores por elegir políticos y los políticos que por acaparar poder deciden convertirse en Servidores Públicos, encargados de cumplir y realizar las funciones y los fines establecidos por el Estado para su funcionamiento. Es este el origen del problema. Como en Colombia los servidores públicos en posiciones de poder son políticos y en nuestro país los políticos entienden que el arte de servir en la política no se aplica para servir a la comunidad sino a ellos mismos, a sus intereses personales y al partido en que estén militando en ese momento, se pasan impunemente por la faja las disposiciones de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades establecidos en la Constitución y la ley para evitar que intereses particulares interfieran con las funciones públicas.
La comunidad se aguanta y se contenta con criticar el diario acontecimiento que deja atrás el ocurrido ayer y en cada elección vuelve a elegir a los mismos para que sigan en las mismas.
Ex procuradora Departamental
Este círculo vicioso del uso del poder, como elemento instrumental que requiere el manejo de la administración, es entendido por la comunidad como algo negativo. Sus efectos y consecuencias, ya sea positivas o negativas, no se pueden independizar de quienes ejecutan las acciones de poder y es por ello que un uso degenerado del poder como la ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso del poder quiebran la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones, como ocurre actualmente en Colombia.
A lo anterior se debe sumar la incapacidad de administrar lo público que queda expuesta en la falta de resultados eficientes y eficaces, cuyos ejemplos abundan en el pasado, en el presente y prácticamente se pueden predecir para el futuro, pues nuestros políticos gobernantes parecieran ignorar las tendencias de la administración pública contemporánea: la planeación estratégica, la economía y la gestión de calidad, que exigen del gobierno una visión clara y socialmente compartida de la solución de las necesidades de la comunidad y ser un actor capaz brindar soluciones, procurando eficientemente servicios de salud, seguridad, educación, infraestructura, ambiente, y vivienda, indispensables para el bienestar y la paz social.
El descuadernamiento que afecta todos los sectores en Colombia es el resultado de la falta de gobernanza en cada uno de los enfoques de la administración pública nacional, territorial y local y de coherencia en todos los actores sociales, incluidos los medios, matriculados en su gran mayoría con los políticos de turno de uno u otro bando, lo cual ha generado una agresiva polarización a todo nivel, que no augura nada bueno como lo demuestra la espiral de violencia que en horripilantes y repudiadas masacres arrancan la vida a los líderes sociales, jóvenes, indígenas, afros y campesinos.
Igualmente son de temer las amenazas y la difamación a que se ven expuestos quienes expresan públicamente su pensamiento o denuncian, quedando inmediatamente etiquetados como de derecha o izquierda, enemigo del gobierno o simpatizante de las Farc, o se ganan una golpiza como la que propinaron a la Médica Pediatra y la empleada doméstica que intentó defenderla, unos viciosos desadaptados en Barranquilla, cuando justamente reclamaban por el respeto a la tranquilidad y a la salud. La conducta de estos agresores, incluida la de las mujeres que los acompañaban, se constituyó en una amenaza pública en plena pandemia y deben ser todos sancionados de manera ejemplar.
