Gobierno de Juan Manuel Santos otorgó millonario contrato a magistrado de la Corte Suprema que investigó y dictó medida de aseguramiento al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Luego de conocer públicamente los contratos que uno de los magistrados tuvo con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Centro Democrático reitera que, esta es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia.
Según establecieron los medios de comunicación, el magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, tuvo un contrato con el gobierno anterior, para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Según los documentos dados a conocer públicamente, el contrato se dio en el año 2016, por un valor de $574.674.360 en el que el magistrado Reyes, fungía como subgerente de la empresa contratista y que tuvo una ejecución de cinco meses y medio, se dio bajo la modalidad de contratación privada y fue pactado en tres pagos parciales de 172 millones, 230 millones y 172 millones.
Este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte.
