Por: Camilo Muñoz
El diputado Luis Silva, en sesión extraordinaria del pasado miércoles 2 de septiembre, airado, manifestó que “el gobernador no tiene un grupo que lo protege, sino que tiene un grupo que le hace daño” e indica que el empréstito por 15 mil millones que está solicitando la administración departamental “lo necesitan urgente porque es un modo de sostener al gobernador”. Y, lo más grave que pronuncia el colegiado es que, de aquí al 10 de septiembre “tiene que estar ese endeudamiento aprobado porque de ahí tiene que salir una coima para ayudar a que el gobernador se sostenga”, sin embargo, el denunciante no precisa a quién hay que darle la coima o cómo se dará esta. (Escuchar audio de diputado Silva).
Al gobernador lo atacan desde dentro
Tal como lo contó un medio nacional, la Gobernación le adjudicó un contrato de intermediación de seguros a la empresa Fexvan Ltda, de la que es dueño Félix Héctor Vanegas, quien además de haber sido el gerente de la campaña de Gasca, le aportó 12 millones de pesos para financiarla y a cambio recibiría el contrato mencionado, el cual, claramente, sería por el cuatrienio, sosteniéndolo año tras año. Sin embargo, dado a que este no tenía validez legal, no se inició por el escándalo que le hicieron, pues el gobernador cometería el mismo error que consumó con el representante legal de Maxigranos, Jaime Alfonso Núñez Montilla. Los asesores fallaron y el gobernador se ganó, sin buscárselo, un lío judicial. (Ver aportantes de campaña).
Todo lo anterior se dio luego de que el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, emitiera el pasado 17 junio, mediante rueda de prensa, una alerta sobre una presunta irregularidad en la Gobernación de Caquetá al haber suscrito un contrato con uno de sus aportantes a la campaña, lo que violaría, presuntamente, la Ley Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), dado a este impase, el primer mandatario de los caqueteños quiso buscar responsables y, por eso, solicitó renuncia protocolaria a sus secretarios de Despacho, a sus jefes de Oficina y a los directores de Área. Sin embargo, de los 9 secretarios con que cuenta la administración departamental, solo al de Gobierno, Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, le fue aceptada la renuncia. (Ver Decreto 464 de 2020).
Además del excandidato a la Alcaldía de Florencia, también fueron cesados de sus cargos la jefa de Oficina de Contratación, Ana María Bustos, la jefa de la Oficina de la Mujer, Yina Paola Hoyos y un asesor de la Secretaría de Educación. Con esto el gobernador quedaría más tranquilo porque, al haber rodado algunas cabezas de su administración, las cosas se compondrían y la aprobación, popularidad y favorabilidad de Arnulfo Gasca Trujillo volverían a estar en ascenso. Pero no fue así.
En tal sentido, una fuente consultada para realizar esta nota, que pidió reserva de su nombre, argumentó que hubo una cruzada que terminó sacando del camino a los funcionarios que querían “bajarse”, comprobando la hipótesis que corría internamente en el palacio departamental: la salida de Cuéllar obedeció a una movida política, pues este provocó celos en un sector del equipo de gobierno, sumado a que personas cercanas al gobernador lo veían como un posible –y fuerte- candidato a la Cámara de Representantes.
Y hubo otras tres embarraditas
La Gobernación, hace poco contrató a una abogada recién egresada sin especialización, ni experiencia en el área de más de cinco (5) años, que ganaría unos honorarios elevadísimos, y por el cual hoy cursa una investigación en la Contraloría Departamental, por una querella que un anónimo interpuso en esa oficina de control fiscal. (Leer columna). Aunada a esta, encontramos el Proyecto de Ordenanza N° 010 “Por medio del cual se conceden facultades pro tempore al señor gobernador para reorganizar la estructura administrativa de la Gobernación del Caquetá”, dicho proyecto fue devuelto para que se le hiciera unas correcciones, porque presenta unas fallas dizque involuntarias, una embarradita que pretendía que las facultades del señor gobernador fueran aprobadas hasta el último día de su mandato.
Y recordemos, como si fuera poco, la polémica adjudicación a la empresa local Asemp Grupo Empresarial Zomac, que tiene entre sus socios accionistas a un funcionario de esta entidad gubernamental y que, a pesar de tener una trayectoria empresarial corta, logró que le dieran un anticipo de más de dos mil millones de pesos, para la consecución de las treinta camas UCI para el hospital departamental dada la pandemia del Covid-19.
Así las cosas, la desfavorabilidad de don Arnulfo, como es conocido el señor gobernador, que gozaba de buena aceptación recién elegido y a principios de su mandato, sigue aumentando por las zancadillas que le propinan al sexagenario político.
No cabe duda, pues, que al gobernador le juegan sucio desde dentro y, en ese ajetreo administrativo, pagan justos por pecadores.
